Alemania acaba de cerrar su Embajada en Malabo y el régimen sigue dando largas al representante propuesto por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). En estos momentos, sólo tres Estados de la Unión Europea (UE), España, Francia y Portugal, tienen Embajada en Guinea Ecuatorial, pero incluso en estos casos las relaciones diplomáticas siguen pendientes de las causas judiciales y de las denuncias por violaciones de derechos humanos procedentes de estos países.
En el caso de la UE, las relaciones empezaron a deteriorarse en 2008, cuando el régimen de Teodoro Obiang Nguema formuló una reserva contra el artículo 11 del Acuerdo de Cotonú, en el que se hace referencia a la Corte Penal Internacional y que exige a los Estados que ratifiquen el Estatuto de Roma por el que se rige este tribunal. A causa de esa reserva, la ratificación por parte de Malabo del Acuerdo de Cotonú de 2000 (firmado por Guinea Ecuatorial en 2005 y que define las relaciones comerciales y de cooperación entre la UE y 78 Estados de África, Caribe y Pacífico) quedó sin efecto y Guinea Ecuatorial no pudo beneficiarse del décimo y undécimo Fondo Europeo de Desarrollo.
Por ese mismo motivo, la UE no envió ninguna delegación a Malabo. Recientemente, el SEAE pidió al Gobierno ecuatoguineano que conceda la acreditación al actual representante europeo en Camerún, Philippe van Damme, pero el régimen sigue dando largas al asunto y la decisión está atascada en las manos del ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angue, según recogió el pasado 21 de julio el prestigioso diario digital panafricano Africa Intelligence. Entretanto, la UE está representada por su delegación en Gabón y la representación de la Unión en Guinea Ecuatorial corresponde a las Embajadas de sus Estados miembros.
En estos momentos, sólo tres países europeos cuentan con Embajada en Malabo: España, Francia y Portugal (con una misión diplomática desde 2015 y embajador desde septiembre de 2020, en la persona de Frederico da Silva). La presencia de solo tres países europeos no debería llamar la atención, teniendo en cuenta el tamaño del país y la posibilidad de ejercer la representación desde los países vecinos (Malabo cuenta con apenas una treintena de Embajadas, de 16 países africanos y de países de otros continentes, como Estados Unidos, China, Corea del Norte, India, Cuba, Venezuela, Brasil o Turquía). El problema es que Alemania, que sí tenía Embajada, cerró su representación el pasado 15 de julio, después de diez años en funcionamiento, en el marco de un proceso de reordenación de las representaciones diplomáticas alemanas en África.
El otro problema es que la presencia de las tres Embajadas europeas no garantiza unas relaciones diplomáticas estables, y que incluso alguna de ellas corre serio peligro de desaparecer. Ese es el caso de Francia, cuyas relaciones con Guinea Ecuatorial se han deteriorado en los últimos años a causa de los procesos abiertos por la Justicia gala contra el vicepresidente del Gobierno, Teodoro Nguema Obiang Mangue (popularmente conocido como Teodorín e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema), por el llamado caso de los “bienes mal adquiridos”. Teodorín fue condenado en 2020 por el Tribunal de Apelación de París a una pena de tres años de cárcel por malversación de fondos públicos.
La sentencia está suspendida, pero el embajador de Guinea Ecuatorial en Francia, Miguel Oyono Ndong Mifumu (exministro y antiguo portavoz de Obiang ante la prensa española), ha amenazado con romper las relaciones diplomáticas y con cerrar la Embajada. El embajador Olivier Brochenin fue convocado el pasado mes de abril por la Presidencia de Guinea Ecuatorial después de que la Fiscalía francesa rechazara un recurso de la defensa de Teodorín. En todo caso, esta situación no impidió que, a principios de junio, el propio presidente Obiang y la Embajada de Francia firmaran un acuerdo para incrementar la cooperación militar bilateral en la lucha contra el terrorismo y la piratería en el golfo de Guinea.
Las cosas no van mucho mejor con Portugal, cuyo primer ministro, António Costa, ha exigido a Guinea Ecuatorial que respete los derechos humanos (con especial atención a la pena de muerte) si quiere seguir formando parte de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). “Somos una comunidad basada en los valores de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona, lo que es absolutamente incompatible con la existencia de la pena de muerte en cualquiera de los países miembros”, declaró a mediados de julio en Lisboa con motivo de la cumbre de la CPLP.
En lo que respecta a la antigua metrópoli colonial, las relaciones se deterioraron considerablemente a partir de 2019, cuando el entonces embajador de España, Guillermo López Mac-Lellan, recibió en el Aeropuerto Internacional de Malabo al secretario general de la formación opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Andrés Esono Ondo, quien había sido detenido y posteriormente liberado en Chad, bajo la acusación de adquirir “armas, municiones y terroristas para cometer un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial con financiación extranjera”. El Gobierno español expresó su “preocupación” por la detención de Esono Ondo y el régimen de Malabo calificó esta declaración como una “injerencia inaceptable”.
En febrero de 2020, el embajador vivió otro momento de tensión después de implicarse personalmente con sus colegas de Francia y Estados Unidos en una operación para impedir la detención, al parecer irregular, del expresidente de la Corte Suprema Juan Carlos Ondo Angue (hijo de la anterior embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angue Ondo), a quien el régimen investiga en relación con un supuesto intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. Al día siguiente de los hechos, Simeón Oyono Esono Angue denunció la “injerencia” de los tres embajadores “en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial”.
A estos incidentes diplomáticos se unen las causas judiciales abiertas en España (con órdenes de detención incluida) contra Cándido Nsue Okomo, residente en Dubái y hermano de la primera dama, Constancia Mangue Nsue Obiang, en relación con un presunto pago de 5,3 millones de euros al excomisario de Policía español José Manuel Villarejo en 2013 a cambio de información comprometedora sobre Gabriel Obiang Lima, ministro del Petróleo y otro hijo del presidente (y un fiel aliado de las grandes petroleras norteamericanas).
A pesar de que Nsue Okomo es un declarado enemigo político de Teodorín (quien le ha retirado la inmunidad diplomática), el ministro de Exteriores (a instancias de la primera dama) se reunió en diciembre de 2020 con Alfonso Barnuevo, embajador de España desde noviembre de 2020, para intentar frenar la orden de extradición solicitada por la Justicia española contra el hermano de Constancia Mangue. Finalmente, el Ministerio de Justicia español anuló la orden de arresto contra Cándido Nsue Okomo el pasado 5 de enero y pidió a Interpol (a la que se había solicitado la orden de detención internacional, ejecutada por la Policía de Dubái el 19 de diciembre) que le pusiera en libertad.
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